A horas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó -sin resolución de fondo- sin vigencia el artículo 154 del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, senadores kirchneristas y justicialistas presentaron un proyecto para restituir de forma inmediata la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales (26.737), que ponía un límite de 15% para manos extranjeras.
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La iniciativa fue rubricada por la plana mayor del bloque: su jefe, el formoseño José Mayans, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) y el titular de la bancada Justicia Social Federal -dos integrantes-, el puntano Fernando Salino. “El suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional”, argumentaron los legisladores.
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El movimiento no sorprende. Sí resulta llamativo que, a sabiendas de una medida cautelar que podía ser frenada -o no- una vez que lo agarrara la Corte Suprema -como ocurrió-, el bloque kirchnerista no haya planteado esta cuestión cuando se aprobó en la Cámara alta, semanas atrás, la fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es decir: en medio de un momento de debilidad mileísta, el peronismo no aprovechó y se quedó con una victoria hoy efímera. Ahora, busca remendar eso y, de paso, criticar al máximo tribunal de Justicia de la Nación.
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Vale recordar que, en la previa de una sesión muy compleja y de derrota casi total para La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, el oficialismo tuvo que quitar por completo el capítulo de venta de tierras a extranjeros. Y, durante el cónclave en el recinto, se cayeron también las modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, lo que significó la vigencia de las prohibiciones -por décadas- impulsadas años atrás por Máximo Kirchner.
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La legisladora cristinista Juliana di Tullio
La otra duda que queda es que, si bien se refiere a un solo artículo, la Cámara alta ya rechazó por completo el DNU 70/23 y el tema se encuentra en cómoda siesta en Diputados. De hecho, estas normas tienen un tratamiento particular a través de la bicameral de Trámite Legislativo. “Es necesario destacar que la ley 26.737 no proscribía la inversión extranjera productiva, sino que fijaba límites razonables y concordantes con la legislación comparada de países centrales como los Estados Unidos, Brasil, Francia o Australia”, fundamentaron los senadores.
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Mayans, di Tullio y Salino agregaron: “Es precisamente ante la falta de una definición judicial sobre el fondo de la constitucionalidad de la norma que este Congreso de la Nación debe asumir de manera urgente e impostergable su rol institucional como garante del dominio público y de la legalidad constitucional. No corresponde al Poder Judicial legislar sobre la conveniencia política del régimen de propiedad de las tierras, pero es responsabilidad insoslayable de este Poder Legislativo reparar la vulnerabilidad a la que ha quedado el territorio nacional”.
