A pocos días de que venza el plazo legal para la presentación del proyecto de presupuesto nacional 2026, el Gobierno ha decidido avanzar con una iniciativa que busca modificar de raíz la dinámica legislativa en materia fiscal. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que en breve enviarán al Congreso de la Nación un proyecto de ley denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, conocido en el ámbito parlamentario como Ley Muralla. Esta propuesta, que aún no ha ingresado formalmente al recinto, pretende establecer restricciones severas a la aprobación de presupuestos deficitarios y endurecer las sanciones para los funcionarios que no respeten el equilibrio fiscal.
El anuncio de Adorni se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcado por la pérdida de control del debate parlamentario por parte del oficialismo, atribuida tanto a errores propios como al impacto de las campañas electorales. Según lo expuesto por el vocero, el proyecto —anticipado por el presidente Javier Milei el 11 de agosto en cadena nacional— tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”. En la práctica, la iniciativa funcionaría como un mecanismo de fiscalización de los proyectos de ley, imponiendo requisitos estrictos que el Congreso debería cumplir para aprobar nuevas normas y estableciendo penas en el Código Penal para los legisladores que los incumplan.
De acuerdo con la explicación de Adorni, la norma estipula que “el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Además, quedaría expresamente prohibida la sanción de presupuestos deficitarios y, en caso de prórrogas presupuestarias, se exigiría al menos un resultado equilibrado. Este endurecimiento de las reglas fiscales se produce cuando restan 17 días para que el Ejecutivo deba enviar el proyecto de presupuesto nacional 2026, una ley que históricamente ha sido objeto de intensas negociaciones y modificaciones, especialmente en lo relativo al reparto de fondos entre provincias, obras públicas y programas nacionales.
